Destacamos la incorporación de una mirada joven a los PGE recogiendo las aportaciones en políticas de juventud de 13 ministerios
Demandamos políticas estructurales que resuelvan los problemas cronificados de desempleo juvenil y acceso a la vivienda.
Recibimos con cautela los anuncios realizados en la presentación de los PGE, analizaremos en profundidad y propondremos enmiendas para mejorar las partidas que generan mayor en impacto en la vida de las personas jóvenes.
Hoy hemos conocido el proyecto de PGE aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros, y queremos destacar positivamente que en la presentación se haya visibilizado la situación de la juventud situándola en el centro de las inversiones de estos nuevos presupuestos.
El Consejo de la Juventud de España lleva trabajando mucho tiempo para situar los derechos de las personas jóvenes en el centro de la agenda mediática y política con el objetivo de dar respuesta a las problemáticas de la juventud española y por ello celebra que estos PGE hayan contado con un enfoque de juventud en su presentación, pues supone un primer paso para dejar atrás la criminalización de la juventud y pasar a la generación de políticas transversales con un enfoque de derechos para las personas jóvenes.
Destacamos, además, el aumento en un 85% de la inversión en materias relacionadas con la juventud respecto a los PGE del año anterior y que se destine el 20% de los Fondos de Recuperación a cuestiones que afectan a la juventud, pero desde el CJE alertamos que estas cifras esconden una realidad preocupante para la estabilidad de las políticas de juventud.
En primer lugar, el aumento en 5.760 millones de euros del presupuesto en políticas de juventud se debe, en un 80%, a las aportaciones de los Fondos de Recuperación recibidos de la Unión Europea. Por tanto, respecto a 2021, la subida estructural, proveniente de los ingresos recurrentes del Estado, no ha superado el punto porcentual. El porcentaje destinado a juventud respecto del global de los PGE ha pasado tan solo del 6,8% al 7,7%, en unos presupuestos en los que, según el Gobierno, “la gente joven es protagonista”.
Otra sombra de los PGE es que el grueso de la financiación que se publicita como inversiones de juventud se destina al área de educación. El Consejo de la Juventud de España celebra siempre que aumente la financiación a la educación, pues es un derecho humano básico. Garantizar una educación universal, gratuita y de calidad es un derecho que debe cumplirse con una financiación adecuada. Sin embargo, consideramos que un enfoque de derechos de la juventud en la elaboración de los PGE pasa por analizar exclusivamente aquellas medidas que van destinadas a solucionar los problemas de las personas jóvenes, generando políticas públicas específicas que tienen como objeto dar respuesta a la vulnerabilidad juvenil.
Una medida que beneficiaría a toda la juventud vulnerable de nuestro país sería la aprobación de las enmiendas al IMV presentadas por el CJE junto a diferentes Grupos Parlamentarios para igualar los derechos de las personas jóvenes al del resto de personas adultas en el acceso al IMV. Con la aprobación de esos cambios en la norma del IMV se destinarían 2.000 millones de euros (el 2% del presupuesto total) a reducir la pobreza juvenil, que afecta al 30% de las personas jóvenes en España. Destinar parte de los 5.000 millones de euros de los fondos de recuperación que el Gobierno dice son para juventud al IMV permitiría a 350.000 jóvenes salir de la pobreza.
Con el objetivo de conocer el impacto real de los PGE en la vida de las personas jóvenes el CJE realizará un análisis de los presupuestos en los próximos días, para poder poner perspectiva de derechos de juventud a las cuentas que hemos conocido hoy. Dicho análisis será remitido a todos los medios de comunicación a fin de que se conozca la realidad de la juventud española y cómo el proyecto de presupuestos del Gobierno da respuesta a esta.
Con ello, el CJE elaborará sus propuestas de enmiendas a los PGE que trasladaremos a los diferentes Grupos Parlamentarios y se centrarán en las materias de empleo, vivienda, ingreso mínimo vital, participación y educación.
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