Por Sergio Maldonado, CEO de Firmas.io.
El debate sobre cómo frenar los riesgos de las redes sociales para los menores ha alcanzado un punto de no retorno. Entre acuerdos millonarios al otro lado del Atlántico para evitar juicios mediáticos y las iniciativas legislativas que se tramitan en Europa, el foco principal ha quedado fijado en un gran cuello de botella: ¿cómo verificamos de forma real y efectiva la edad de quienes acceden a estas plataformas?
Hasta ahora, la respuesta que se ha querido imponer parte de una falsa premisa: elegir entre la prohibición absoluta o la entrega incondicional de datos. Sin embargo, aislar a los adolescentes del principal entorno en el que hoy socializan es irreal y contraproducente. La educación digital no consiste en levantar un muro hasta los 18 años para luego soltar a los jóvenes a ciegas, sino en articular un uso progresivo, supervisado y adaptado a cada etapa de desarrollo.
Por supuesto que las plataformas tienen una gran responsabilidad. Su modelo de negocio está diseñado para exprimir la atención aprovechando vulnerabilidades -un problema de adicción que, por cierto, también afecta a muchos adultos y requiere normativas de protección al consumidor tan firmes como las del juego-. Pero la responsabilidad no es exclusiva de los algoritmos. Los Estados deben regular con firmeza y los padres debemos ejercer nuestro rol protector. La patria potestad y el deber de cuidado no se evaporan al cruzar la frontera del entorno digital.
El problema es que a las familias se les pide asumir esa responsabilidad sin darles las herramientas adecuadas. Los métodos actuales para verificar la edad son un fracaso o una seria amenaza para los derechos fundamentales. Exigir subir el DNI, utilizar sistemas de reconocimiento facial o almacenar documentos en los servidores de las Big Tech implica regalar un cheque en blanco de datos biométricos y personales. Peor aún: pretender que el control parental pase por convertir a los padres en policías digitales que espían las conversaciones y contenidos privados de sus hijos destruye el derecho a la intimidad del menor.
Acreditar la edad de un usuario no requiere vigilar a los adolescentes ni ceder la soberanía de nuestra información a empresas privadas con intereses cambiantes. La solución técnica y legal ya existe y reside en la arquitectura del propio dispositivo.
En el momento en que un teléfono se configura para un menor, esa condición puede certificar directamente en el hardware mediante tecnologías Local-First e identidad auto-soberana. De este modo, cuando el usuario intenta entrar en una red social, el propio teléfono emite una prueba criptográfica que confirma si cumple o no el requisito de edad, sin revelar nombres, fechas exactas de nacimiento ni ubicaciones, y sin rastrear la actividad. La plataforma recibe la orden técnica que le impide dar acceso a la aplicación o a contenidos específicos, permitiendo a las familias aplicar límites efectivos de forma simple y sin violar la intimidad de nadie.
Las leyes que se aprueben en los próximos meses intentarán copiar muchas de las medidas acordadas en los tribunales estadounidenses. Pero ninguna resolverá el problema si impone una verificación invasiva o inviable. El futuro de la protección a la infancia en Internet pasa por exigir sistemas de verificación descentralizados. Es decir, por mecanismos que permitan a las familias ejercer su responsabilidad sin convertir la protección del menor en una excusa para acabar con la privacidad.