En 2010 estalló el escándalo mediático de las prótesis mamarias francesas marca PIP que habían sido implantadas a aproximadamente 400.000 mujeres de más de 50 países, incluidas cerca de 18.000 españolas.
En marzo de 2010, una inspección a la planta de producción donde se fabricaban dichas prótesis, adelantada por la agencia francesa Afssaps (la actual ANSM, encargada de vigilancia de medicamentos y productos de la salud en Francia), puso al descubierto que la mayoría de las mismas habían sido rellenas con un gel de fabricación casera, no apto para uso humano que costaba una décima parte de lo que costaba el gel Nusil, el único autorizado para tal uso. A esto se sumaba evidencia de que las prótesis PIP presentaban una tasa de ruptura bastante mayor a la de otras marcas.
En 2010 la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) emitió una nota de seguridad sobre los implantes mamarios PIP, en donde comunicó la suspensión de PIP en el mercado.
En el año 2011, poco tiempo después de estallar el escándalo, la empresa Poly Implant Prothèse, fabricante de las prótesis que llevaban su marca, se declaró en quiebra y cesó su operación.
En el año 2013 fue presentada ante el Tribunal de Comercio de Toulon (Francia) una demanda a nombre de 40 víctimas francesas contra TÜV Rheinland, el órgano notificado que auditó el sistema de calidad de dichos implantes y les otorgó el sello CE nueve años consecutivos, por fallas graves en el cumplimiento de sus responsabilidades fundamentales.
Esa demanda cobró trascendencia mundial cuando Merci people’s law firm, una firma internacional especializada en litigios colectivos, sumó 1.500 mujeres a ese primer grupo de demandantes, lo que hizo que el caso PIP se volviera el más importante de los últimos años en el tema de dispositivos médicos en Europa.
Merci ha cumplido un papel fundamental en este caso ya que fue la firma en auditar el sistema de calidad de la firma TÜV RHEINLAND, encontrando faltas graves a la hora de acreditar los procesos productivos de PIP, y presentando pruebas claras ante las Cortes sobre las fallas encontradas.
En febrero de 2023 la Corte de Apelación de Aix-en-Provence emitió un fallo que indica que las víctimas admitidas en el caso recibirán indemnizaciones finales de al menos 9.000 euros para mujeres que no hayan sufrido ruptura ni complicaciones adicionales, hasta los 40.000 euros, en función de la gravedad de las afectaciones a la salud de cada caso.
En los últimos 10 años se han presentado decenas de miles de demandantes en sucesivos grupos de mujeres demandantes. En todos ellos los Tribunales Franceses han fallado a favor de las víctimas y en contra de TÜV Rheinland y cada representada admitida ha obtenido un pago inicial de alrededor de 3.000 euros.
El proceso contra TÜV RHEINLAND en el próximo trimestre está entrando en su fase final. Merci pretende presentar en el próximo trimestre un último grupo de demandantes conformado principalmente por víctimas españolas.
Merci representa en la actualidad a alrededor de 13.000 víctimas de los implantes PIP, de más de 40 países.
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