El Consejo de la Juventud de España lamenta profundamente que tras la tramitación parlamentaria 350.000 jóvenes en riesgo de pobreza sigan sin poder solicitar el IMV
PSOE y Unidas Podemos han rechazado equiparar las condiciones de acceso de las personas jóvenes a las del resto de población adulta, reiterando en una discriminación etaria que podría ser inconstitucional, como planteó el Defensor del Pueblo en 2020
El Congreso de los Diputados ha aprobado el Proyecto de Ley del Ingreso Mínimo Vital en una tramitación parlamentaria exprés, puesto que en tan solo dos reuniones de la Comisión pertinente se han debatido las casi 400 enmiendas a la norma.
Durante la tramitación, los partidos del Gobierno han rechazado las enmiendas presentadas por el Consejo de la Juventud de España junto con Ciudadanos, Más País, Compromis, ERC y Bildu. Las enmiendas pretendían equiparar los requisitos de acceso al IMV de las personas jóvenes a los del resto de población adulta, que como señaló el Defensor del Pueblo en 2020, suponen una discriminación arbitraria que podría ser inconstitucional. T
También han rechazado PSOE y Unidas Podemos ampliar la edad mínima de solicitud de los 23 a los 18 años, por lo que no todas las personas mayores de edad podrán solicitar esta ayuda y lo que implica, por tanto, que en España ser mayor de edad no garantiza la igualdad ante la ley, en contra de nuestros principios constitucionales.
La aprobación en estos términos del IMV deja fuera de esta prestación a 350.000 personas jóvenes en riesgo de pobreza que, cumpliendo los requisitos que se aceptan para aquellas de más de 30 años, son discriminadas arbitrariamente y sin justificación por parte del Gobierno.
Elena Ruiz, Presidenta del Consejo de la Juventud de España, reclama “al Gobierno más progresista de la historia” que rectifique, pues un país donde 1 de cada 3 jóvenes está en riesgo de pobreza no puede permitirse una discriminación como la que se está cometiendo con esta prestación social y señala que desde el CJE se espera que el Gobierno haga los cambios necesarios cuando la norma continúe su tramitación en el Senado.
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